sábado, 31 de marzo de 2007

Algunas ideas entorno al análisis económico de la corrupción

El análisis de la relación existente entre la corrupción y la economía no es algo nuevo y mucho menos queremos con este artículo marcar un nuevo rumbo en la investigación económica; sin embargo, nuestra intención es poner en claro que la economía, como ciencia social, también abarca muchos aspectos de la interrelación entre individuos, sociedad y gobierno que algunas veces dejamos de lado.La corrupción es uno de los más grandes y generalizados problemas de la sociedad moderna y esta no es excluyente de ningún país. Desde el punto de vista económico la corrupción se da tanto en el sector público como en el privado; sin embargo, los efectos sobre el bienestar general de la sociedad son claramente distintos en ambos casos. La corrupción en el sector privado afecta la renta de alguno de los agentes participantes, por lo que los efectos sobre el bienestar de la sociedad en general se limitan. Además, en la medida en que se afecten las rentas privadas se generarían mecanismos de defensa privados, de tal manera que los mismos agentes rompan en cierto momento el ciclo de corrupción. Por otro lado, el proceso de corrupción que involucra al funcionario público ha generado en las investigaciones económicas las más variadas hipótesis sobre sus efectos en el bienestar general. La percepción más generalizada indicaría que la corrupción reduce la efectividad y calidad de las políticas económicas y sociales, afectando la inversión, el crecimiento, la igualdad, la distribución del ingreso y, en general, el bienestar económico, pues se genera un mayor costo para la sociedad en su intento por alcanzar sus objetivos. En este caso, la corrupción afecta directamente a la sociedad y al Estado. A la sociedad (empresas, individuos e instituciones), porque se le exige recursos adicionales para lograr sus objetivos, los que están bloqueados por el poder del agente corruptor. Para el gobierno, el costo de la corrupción es doble, dado que genera, en primer lugar, un desvío de recursos destinados al Estado hacia el agente corruptor, en la medida en que este se apodera de parte de los pagos de los agentes privados y, en segundo lugar, retrae recursos del fisco para el proceso de la lucha contra la misma corrupción. ¿Quien inicia el proceso corruptor? Desde nuestro punto de vista, esta no constituye una pregunta central, pues el agente que inicia el proceso corruptor puede pertenecer al sector público o al privado. Y no resulta relevante si se considera que en todo proceso de corrupción la perjudicada es, al fin y al cabo, la sociedad y el bienestar general de ésta. Lo relevante es preguntarse qué determina el inicio de la corrupción en una sociedad. Ante esta interrogante algunos autores señalan que es la excesiva y muchas veces la incorrecta regulación de los mercados, por parte del Estado, es la que permite a los funcionarios públicos capturar aquellas rentas que se derivan de las restricciones impuestas por las regulaciones. Dado lo anterior, y según el FMI, los tipos de regulaciones que más han propiciado los procesos de corrupción, han sido las restricciones comerciales, los subsidios del gobierno, el control de precios, la existencia de tipos de cambio múltiples y los procesos de asignación de los recursos naturales. En este sentido, el potencial corrupto puede aprovechar las características de un mercado controlado y puede apropiarse de parte del exceso de renta generada en dicho mercado. Queda claro, pues, que en el proceso de corrupción estarían involucrados necesariamente tanto el funcionario público como el privado, donde el primero recibiría parte de los excesos de renta generados por el segundo.

No hay comentarios: